Cada día, miles de niñas, niños y adolescentes en Ecuador viven situaciones marcadas por violencia, pobreza, abandono y discriminación. Lo más alarmante no es solo la existencia de estos hechos, sino la ausencia de un sistema articulado y efectivo que los proteja.
Durante los últimos años, el sistema de protección de derechos a nivel nacional y local ha perdido fuerza, recursos y capacidad de respuesta. Esto ha dejado expuesta a la niñez frente a riesgos crecientes, especialmente en comunidades rurales, zonas fronterizas y contextos de movilidad humana.
Los espacios que deberían prevenir y atender casos de violencia infantil funcionan de manera limitada o, en muchos cantones, ni siquiera existen. Según datos levantados por organizaciones de sociedad civil, más del 70% de los consejos cantonales de protección de derechos presentan un desempeño “regular” o “insuficiente”. Esto implica que:
Las rutas de protección no están claras ni activas.
Falta personal capacitado para actuar con enfoque de derechos.
No hay recursos para garantizar acciones sostenidas.
En la práctica, esto se traduce en niñas, niños y adolescentes que no son escuchados, ni atendidos a tiempo cuando sus derechos son vulnerados.
A esto se suma una grave omisión: la exclusión de la niñez y adolescencia en los procesos de decisión que les afectan directamente. Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a participar, en Ecuador aún no existen mecanismos amplios y eficaces para hacerlo realidad.
Esto genera una desconexión entre las políticas públicas y las verdaderas necesidades que expresan las y los jóvenes: educación con pertinencia, protección frente a la violencia, oportunidades reales para crecer en ambientes seguros y afectivos.
La consecuencia más directa es que la violencia se vuelve cotidiana y normalizada. Niñas y niños sin acompañamiento institucional terminan en círculos de exclusión, abandono escolar, embarazo adolescente, trabajo infantil o violencia estructural.
Este impacto se profundiza en niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, quienes enfrentan también xenofobia, estigmatización y barreras para acceder a salud, educación y seguridad.
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En este complejo panorama, World Vision Ecuador trabaja incansablemente para proteger los derechos de la niñez y adolescencia, a través de programas que priorizan su voz, fortalecen a las comunidades y articulan esfuerzos con el Estado.
Con espacios como la Red Wamprakunapak Yuyaykuna, conformada por más de 1300 niñas, niños y adolescentes de 15 provincias, impulsamos su liderazgo y capacidad de incidencia. Esta red ha presentado un informe alternativo ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, visibilizando temas como deserción escolar, falta de conectividad, violencia en el entorno escolar, entre otros.
Aplicamos metodologías como CP-ADAPT, que nos permiten trabajar directamente con niñas, niños, adolescentes, familias, docentes y autoridades locales en más de 14 cantones. Esto permite construir planes de protección comunitarios con enfoque territorial, basados en la experiencia vivida por la niñez.
Realizamos talleres de crianza positiva, formaciones sobre prevención de violencia, asesoría a juntas de protección y capacitación a líderes comunitarios. También trabajamos junto a gobiernos locales para impulsar políticas públicas que respondan a los desafíos reales de la niñez.
Proteger a la niñez no es solo responsabilidad del Estado, sino un deber compartido entre familias, comunidades, organizaciones y autoridades. Cuando los sistemas fallan, la sociedad civil debe fortalecer su rol como vigilante, acompañante y motor de cambio.
En World Vision Ecuador creemos profundamente que ninguna niña o niño debe crecer en medio de la violencia, la indiferencia o la desprotección. Seguiremos trabajando, junto a las comunidades y las instituciones, hasta que cada niña y niño en Ecuador viva en un entorno seguro, amoroso y justo.