Hacia territorios libres de violencia: políticas públicas y acción comunitaria para proteger a la niñez y las mujeres

La prevención de la violencia basada en género es mucho más que un mandato normativo: es una responsabilidad colectiva para proteger la dignidad, el bienestar y la seguridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes en cada territorio. Las políticas públicas diseñadas para enfrentar este problema requieren procesos sólidos, evidencia y una articulación que coloque al centro a las personas más vulnerables. 

Durante el Foro de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia de Género, impulsado por la Prefectura de Chimborazo, Gissela Lema, Promotora de Desarrollo de Niñez y Adolescencia de World Vision Ecuador, compartió una visión integral sobre cómo los marcos legales y las estrategias públicas pueden transformar realidades marcadas por la violencia. Este espacio reunió a actores institucionales, organizaciones sociales y líderes locales comprometidos con fortalecer los sistemas de protección. 

Las políticas públicas se conciben como procesos dinámicos que buscan resolver problemas sociales mediante acciones coordinadas. Su ciclo incluye diagnóstico participativo, formulación, diseño, aprobación, implementación y monitoreo, garantizando la participación del Estado, sociedad civil, sector privado y cooperación internacional para asegurar legitimidad y sostenibilidad. 

En Ecuador, este esfuerzo se respalda en un marco robusto. La Constitución reconoce el derecho a una vida libre de violencia La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, vigente desde 2018 y actualizada en 2025, define políticas integrales para prevención, atención, protección y reparación, además de sancionar a los agresores mediante la creación del Sistema Nacional Integral. Complementariamente, el Código Orgánico Integral Penal tipifica el femicidio y otras formas de violencia desde 2014. A nivel internacional, Ecuador ha ratificado instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que refuerzan el compromiso del país con la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

A nivel territorial, la situación demanda intervenciones urgentes. Chimborazo registra que más de la mitad de mujeres han sufrido violencia, y en Riobamba, el 70% de agresores identificados son hombres. Además, el 58,20% de mujeres han vivido violencia ginecobstétrica y el 46,90% violencia psicológica, según datos del INEC, a través de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres. Frente a esta realidad, el cantón ha impulsado ordenanzas, agendas locales y rutas de protección actualizadas, integrando enfoques de género, diversidad e inclusión. Sin embargo, persisten brechas críticas, como la falta de financiamiento y la necesidad de especialización del personal público. 

En este contexto, World Vision Ecuador contribuye al fortalecimiento del sistema de protección a través de prácticas comunitarias y familiares que promueven entornos seguros. La organización acompaña a familias en situación de vulnerabilidad para fortalecer relaciones positivas, mejorar la comunicación y consolidar espacios protectores para niñas, niños y adolescentes. 

También impulsa procesos de empoderamiento y liderazgo dirigidos a mujeres y adolescentes, promoviendo su participación activa en la construcción de comunidades más equitativas. A esto se suma la coordinación con redes de apoyo y espacios seguros para mujeres sobrevivientes de violencia, garantizando atención y acompañamiento con enfoque de derechos. 

Finalmente, el trabajo comunitario se fortalece mediante la formación de grupos y liderazgos locales que participan en la prevención de la violencia de género y en la promoción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Estos procesos incluyen la participación de mujeres y hombres en la planificación y toma de decisiones, asegurando intervenciones culturalmente pertinentes y sostenibles. 

Avanzar hacia territorios libres de violencia exige compromiso permanente, articulación interinstitucional y políticas públicas que respondan a la realidad de cada comunidad. Cada acción de prevención y cada ruta de protección fortalecida representan un paso hacia entornos donde niñas, niños y adolescentes puedan crecer con seguridad, bienestar y esperanza.